UGT reclama subidas salariales mínimas del 4% para proteger a las personas trabajadoras frente a la inflación
Pese al alivio de la factura eléctrica, la gasolina, el transporte y los alimentos siguen presionando los bolsillos de los hogares extremeños
Fecha: 14 May 2026
UGT Extremadura reclama subidas salariales mínimas del 4% anual y el blindaje de las cláusulas de garantía salarial en los convenios colectivos para evitar que la inflación vuelva a erosionar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. El sindicato advierte de que, aunque la inflación anual se moderó en abril hasta el 2,7% en Extremadura, ocho décimas menos que en marzo, esta bajada se debe principalmente al descenso de la electricidad, mientras que la gasolina, el transporte y los alimentos continúan presionando los presupuestos familiares.
Los datos del IPC correspondientes al mes de abril reflejan una subida mensual de los precios en Extremadura del 0,4%, similar a la registrada a nivel nacional, mientras que la inflación anual se modera hasta el 2,7%, ocho décimas menos que en marzo. Este descenso se explica, principalmente, por el comportamiento de la electricidad, tras la bajada impositiva implementada por el Gobierno, que ha amortiguado los efectos negativos del shock de oferta del petróleo.
No obstante, UGT Extremadura subraya que los carburantes —gasolina y gasóleo— continúan siendo el producto que más presiona al alza los precios, como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y su impacto sobre los mercados energéticos. A ello se suma la evolución de otros grupos de consumo esenciales para las familias, como el transporte y los alimentos, que en abril registraron una subida mensual del 0,8%.
La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles y refleja mejor la evolución estructural de los precios, se moderó una décima, hasta situarse en el 2,8%. Para el sindicato, este dato muestra que, por el momento, el repunte inflacionista no se ha trasladado de forma directa al conjunto de bienes y servicios, aunque advierte de que la presión sobre los costes energéticos y de transporte exige vigilancia para evitar un deterioro del poder adquisitivo de las personas trabajadoras.
Los grupos más inflacionistas
En abril, los grupos más inflacionistas en Extremadura fueron Vestido y calzado, con una tasa mensual del 5,3%, debido al comportamiento de los precios de la nueva temporada de primavera-verano; Actividades recreativas, deporte y cultura, que subió un 1,2%; y Transporte, con una tasa mensual del 0,8% y una variación anual del 6,1%.
Por el contrario, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacó Vivienda, con una variación del -4,3%, debido al descenso de los precios de la electricidad.
UGT Extremadura considera que, aunque el alivio de la factura eléctrica ha permitido moderar el IPC, la realidad de muchos hogares sigue marcada por el encarecimiento de productos y servicios básicos. En este sentido, el sindicato advierte de que la experiencia reciente demuestra que estos efectos de coste pueden ser utilizados por las empresas para aumentar beneficios, lo que supone un riesgo para la estabilidad de los precios y para los salarios reales.
Subidas salariales y cláusulas de garantía salarial
Ante este escenario, UGT Extremadura defiende que el impacto de la crisis inflacionista no se traslade exclusivamente a las rentas del trabajo. Por ello, reivindica la preservación del poder adquisitivo de las personas trabajadoras mediante incrementos salariales mínimos del 4% anual, garantizando que estas subidas se trasladen de forma efectiva a la negociación sectorial y evitando mecanismos de absorción o compensación que puedan erosionar su impacto real.
Asimismo, el sindicato reclama el blindaje de las cláusulas de garantía salarial en la negociación de los convenios colectivos de la región, al considerarlas una herramienta fundamental para proteger a las personas trabajadoras extremeñas frente a desviaciones imprevistas en el nivel de precios.
UGT Extremadura insiste en que asegurar el poder de compra de los hogares extremeños no solo es una cuestión de justicia social, sino también una condición imprescindible para reforzar el consumo interno y sostener el crecimiento económico de Extremadura.