​UGT ha puesto en conocimiento de la Dirección General de Migraciones, algunos problemas que está generando la regulación actual de los trabajadores transfronterizos. Estos trabajadores y trabajadoras, están autorizados a trabajar en territorio español y volver diariamente a su lugar de residencia y son principalmente trabajadoras y trabajadoras marroquíes que viven en Marruecos y trabajan en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La normativa de extranjería actual contempla su derecho a cotizar por la prestación de desempleo, pero la ausencia de adecuación de la normativa laboral, no les permite el cobro de la prestación.

Por otra parte, en la última modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería, se cambio la duración de su autorización, de tal modo que ahora, esta coincide con la del contrato de trabajo con el límite máximo de un año, lo que implica que pasado este tiempo la autorización ha de prorrogarse si continua en la misma relación laboral u obtener una nueva autorización si ha cambiado de empleador. Esta modificación tienen unas consecuencias económicas que son más gravosas para el empleo de los trabajadores transfronterizos que para el resto de trabajadores extranjeros que si residen en España, ya que los transfronterizos han de abonar una tasa, por la autorización inicial de 190´12 euros a 380´27 en función del salario que perciban, y además un importe de 76´5 euros por cada prorroga. UGT entiende que dada la diferencia, en derechos y situación de los trabajadores transfronterizos con la de los autorizados a residir en España, las tasas deberían adecuarse a esta diferencia y al hecho de que cada año el trabajador transfronterizo ha de prorrogar su autorización.

UGT se ha dirigido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a fin de encontrar de manera conjunta una solución tanto a la situación que genera la cotización por desempleo pero su no percepción, como al quebranto económico que supone para estos trabajadores y trabajadoras el pago de unas tasas tan desequilibradas.​