Cristina Antoñanzas ha destacado que “las mujeres asumen mayoritariamente unas tareas de cuidados que deberían ser cubiertas por el Estado y que, según el Centro superior de Investigaciones Científicas, representa más del 50% del PIB. Más del 90% de este trabajo lo realizan las mujeres”.

“Ellas, son las que piden la mayor parte de las excedencias para el cuidado de hijos y familiares, de hecho, casi el 93% de las personas que han pedido excedencia por cuidado de hijos e hijas y el 84% de las que pidieron excedencia para el cuidado de familiares dependientes, según últimas cifras, fueron mujeres”.

“También son ellas las que trabajan a tiempo parcial para tener más tiempo para cuidar a otros a costa de sus ingresos. Según la EPA, en 2017 más de 2 millones de mujeres (2.066.925) trabajaron a tiempo parcial. Son el 73,4% de quienes trabajan con esta jornada, o lo que es lo mismo, una de cada cuatro mujeres que trabaja en nuestro país” ha añadido. 

“A la vista de estos datos”, ha señalado, “resulta evidente que es necesario impulsar políticas de verdadera corresponsabilidad en las tareas de cuidados. Las familias, y sobre todo las mujeres no pueden seguir haciendo frente en solitario a la responsabilidad del relevo generacional, puesto que se trata de una cuestión de Estado”.

“Y son las instituciones públicas las que deben facilitar servicios de cuidados públicos adecuados, suficientes, de calidad, y asequibles, así como medidas -más allá de la jornada- para una mayor y mejor adaptación de los tiempos de trabajo que resuelvan las necesidades de conciliación de los trabajadores y trabajadoras, a la vez que no supongan una pérdida de retribuciones, de derechos de protección social, de mantenimiento del puesto de trabajo, ni de oportunidades en la promoción profesional”.

“En este sentido”, ha manifestado que, “habría que regular cuestiones como que al menos una parte de los permisos, excedencias o reducciones de jornada por cuidado de hijos o familiares fueran retribuidos o que el permiso de paternidad, que actualmente tiene carácter voluntario, pasase a ser obligatorio para que los trabajadores no tuvieran miedo a represalias. En todo caso, debe ser el Estado, a través de servicios públicos de calidad, quien cubra todas estas necesidades”.  

Cristina Antoñanzas ha advertido de que la conciliación ha aparecido ahora en el debate de las estrategias de la UE por la preocupación que existe por envejecimiento de la población y el descenso de la natalidad, junto al objetivo de incrementar la productividad de las empresas, más preocupadas por el crecimiento económico y por alcanzar una mayor competitividad, que por el cumplimiento de un derecho fundamental como es el de la igualdad. Pero no se puede conciliar sin garantizar primero la igualdad”. 

“El modelo de flexiseguridad, basado en el incremento de la productividad y la competitividad puede ser un arma de doble filo ya que puede generar importantes desigualdades de género si no se prioriza y garantiza el principio de igualdad” ha explicado.