​Ayer entró en vigor el real Decreto –publicado en el BOE el pasado 27 de julio- por el que se fijaban las condiciones para firmar un convenio especial con las Comunidades Autónomas que permitiese acceder a una asistencia sanitaria muy limitada a los inmigrantes irregulares.

Un año después de dejar sin asistencia sanitaria a las personas sin papeles, el Gobierno les ofrece la posibilidad de “firmar” un convenio especial para acceder a una asistencia sanitaria básica: médico de cabecera y especialistas. Este convenio supone un alto coste económico, de manera que, el Ejecutivo invita a este colectivo a comprar una insuficiente y precaria asistencia sanitaria.

UGT considera que se trata de un paso más hacia el desmantelamiento de la sanidad pública y que pone en peligro el derecho constitucional fundamental a la vida, a la integridad física y psíquica, de, cada vez, sectores más amplios de la sociedad española.

El sindicato rechaza que este convenio sea una solución a una exclusión que no deja de ser un elemento más de la privatización de un derecho fundamental, y que, en este caso, se dirige a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad. El sindicato considera que el único modo de garantizar tanto la protección de la vida como de la integridad física y psíquica, así como la salud pública, es volver a la garantía de una sanidad pública y gratuita para el conjunto de la población.

La inclusión del término “residencia efectiva” entre los requisitos para firmar dicho convenio, hace más que dudoso que una persona en situación administrativa irregular, y que por lo tanto no es residente, pueda firmarlo. Un punto que el Gobierno no ha aclarado en ningún momento.

Además, la previsión de que los solicitantes de protección internacional y las víctimas de trata de seres humanos, solo tendrán acceso a la cartera básica de servicios, es otro gesto más de falta de humanidad de un Gobierno que presume -de palabra pero no con hechos- de su lucha contra la trata de seres humanos ya que condena a estas personas víctimas del comercio de seres humanos y que, en la mayoría de los casos, ha sufrido agresiones físicas y psíquicas que requieren largos periodos de recuperación, a que tengan que pagar por todas las prestaciones no incluidas en la cartera básica (medicinas, transporte sanitario no urgente…). El sindicato se pregunta con qué dinero piensa el Gobierno que van a hacerlo cuando se han desvinculado de una red de trata que les explotaba y son personas que se encuentran en periodo de recuperación.​