Menos desempleados pero más desprotegidos

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Los datos de paro registrado publicados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), correspondientes al mes de abril, muestra un descenso del desempleo en 86.683 personas respecto al mes anterior, situando la cifra total de parados en 3.335.868. En términos interanuales, el dato sigue mostrando una reducción del 6,64%, es decir, 237.168 parados registrados menos que en abril de 2017. En términos desestacionalizados el descenso es de 24.149 personas, diferencia causada este año por la exclusión de la Semana Santa en el mes de abril.

UGT sigue mostrando su preocupación por las tendencias que se están configurando en el mercado de trabajo español, marcado por una fuerte temporalidad y precariedad. Por un lado, el incremento del empleo incorpora fuertes rasgos de precariedad. En abril, sólo un 6,25% de los contratos registrados fueron indefinidos a tiempo completo. Un 89,3% de los contratos realizados fueron temporales, lo que significa que menos de 11 de cada 100 contratos son indefinidos. Por su parte, el peso de los contratos a tiempo parcial, temporales e indefinidos, ocupa cada vez mayor parte del mercado de trabajo (el 34,2%), con consecuencias negativas en términos de calidad del empleo y salarios.

Por otro lado, la extensión de la precariedad en el propio desempleo, que se refleja en una ínfima tasa de cobertura (del 70,6% en 2011 al 56,47% en marzo). El elevado volumen de desempleo estructural, de larga duración, sin derecho a prestaciones, más teniendo en cuenta que el plazo de acceso a los programas PAE y PREPARA se ha extinguido ya, y que limita la vuelta de muchas personas al empleo, es consecuencia de no aplicar las políticas de empleo adecuadas.

Precisamente, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 en materia de políticas de empleo son insuficientes para atender a 3,3 millones de parados, teniendo en cuenta que, por cada desempleado, los PGE 2018 van a destinar 6.776 euros (menos cantidad que en 2017) y 2.758 euros menos que en 2010 (9.535 euros). El presupuesto sigue siendo insuficiente, profundiza en la desprotección de las personas, no fortalece el papel de los servicios públicos de empleo y olvida la necesidad de mejorar la empleabilidad e inserción de las personas en desempleo, en especial en situación de larga duración.