UGT Extremadura ha sido la única organización que rechazó la puesta en marcha de la Universidad Internacional Privada para el Desarrollo (UNINDE), al emitir un voto particular al dictamen del Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura, en el que expresó su oposición al proyecto por falta de calidad, solvencia y justificación social.

El sindicato considera que la educación es un derecho fundamental y no un negocio, y que la enseñanza universitaria debe estar siempre al servicio del interés general y de la igualdad de oportunidades. La Universidad de Extremadura (UEx) ha sido durante décadas el verdadero ascensor social para miles de jóvenes, garantizando la cohesión y el progreso regional. Frente a ello, las universidades privadas condicionan el acceso al nivel económico y aumentan las desigualdades.

UGT recuerda que el proyecto de UNINDE no acredita la solvencia económica ni los estándares de calidad necesarios. El informe de la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria, de marzo de 2024, ya señalaba deficiencias graves: capital social insuficiente, falta de recursos y profesorado, debilidad investigadora, carencias en internacionalización y ausencia de espacios adecuados. Además, su oferta formativa no complementa, sino que compite directamente con la Universidad de Extremadura y la UNED, sin aportar valor añadido a la sociedad extremeña.

El sindicato advierte que la proliferación de universidades privadas sin garantías puede fragmentar el sistema universitario, debilitar la universidad pública y aumentar las desigualdades sociales.

Por ello, UGT reclama apostar por una universidad pública de calidad, con más recursos humanos y financieros, que sea motor de conocimiento, innovación y desarrollo sostenible para Extremadura.