Se reduce peligrosamente el poder adquisitivo y la renta de amplios colectivos ya azotados por la crisis como los desempleados o los pensionistas. El Gobierno persevera en el error de instrumentar políticas contrarias a la recuperación del consumo, de la actividad económica y del empleo que precipitan la exclusión social.
Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, la variación mensual del IPC en el mes de abril se ha situado en Extremadura en el 1,6%, un porcentaje muy elevado, el tercero más alto del Estado y dos décimas por encima de la media nacional La tasa de variación interanual se sitúa en el 2% y la acumulada del año en el 1,3%.
Los grupos que han tenido una mayor influencia en el repunte de la tasa mensual son, por un lado, el Vestido y calzado que con una subida habitual en este mes por el efecto de la nueva temporada, del 13% supera ampliamente la subida nacional en este apartado. Por otro lado, los Transportes, que han crecido un 0,45 por el incremento continuado y progresivo de los precios de los carburantes y lubricantes. A ellos se unen alzas en componentes como bebidas y tabacos (3,1%) por la subida de impuestos al igual que ocurre con vivienda (2,9%) por el mayor coste del recibo de la luz. En el lado contrario cabe reseñar pequeñas rebajas en el precio de las comunicaciones (-0,45).
Esta subida viene a caer sobre los bolsillos ya exhaustos de amplios sectores de la sociedad que merman de forma añadida la capacidad de compra de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad como desempleados y pensionistas.
UGT Extremadura considera que es fundamental el control de precios en los servicios públicos y en los productos y servicios de primera necesidad para lograr ganancias de competitividad, así como evitar los abusos en los márgenes empresariales en algunos sectores, que con el único objetivo de incrementar los beneficios de las empresas, no hacen sino incrementar los niveles de determinados precios en nuestro país.
Las políticas que en materia de precios se están siguiendo junto con las subidas generalizadas de impuestos y la precariedad laboral van en contra de los ciudadanos. Se está favoreciendo un estrangulamiento del poder adquisitivo de amplias capas sociales que provoca un mayor empobrecimiento, lo que unido a la desprotección social puede desembocar en una fractura social irreversible. Mientras, instrumentos como la renta básica siguen sin instrumentarse en Extremadura.
Para evitar la contracción económica y una mayor regresión social, desde UGT insistimos en la necesidad de un reparto justo y equilibrado de los esfuerzos para salir de la crisis, acompañado de políticas públicas responsables, y no de amnistías fiscales rechazables desde todo punto de vista, ajustes de gasto indiscriminados y reformas impuestas.